Actualizado el 22 de noviembre de 2026. Las obligaciones de información laboral se han ampliado con la entrada en vigor de nuevas medidas sobre transparencia salarial y contratación. Desde el 19 de noviembre, las ofertas de empleo deben incluir la retribución inicial y el convenio colectivo aplicable, mientras que las empresas tienen nuevas obligaciones sobre la información que facilitan a sus trabajadores.

El Real Decreto 723/2026, en vigor desde el 5 de octubre, amplió la información que las empresas deben proporcionar por escrito sobre las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Entre sus principales medidas figuran el desglose salarial, la distribución de la jornada, las condiciones de los contratos temporales y la información sobre determinados sistemas automatizados utilizados para tomar decisiones laborales.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre y vigente desde el día 19, incorporó nuevas exigencias sobre transparencia retributiva, procesos de selección, igualdad salarial y derechos laborales.

Estas modificaciones afectan tanto a las personas que ya tienen empleo como a quienes están buscando trabajo.

Qué información deben recibir los trabajadores

Las empresas deben facilitar por escrito la información esencial sobre la relación laboral. Esta obligación puede cumplirse mediante el propio contrato, siempre que incluya todos los datos exigidos y la persona trabajadora disponga de una copia.

Entre los principales aspectos que deben comunicarse se encuentran:

  • Salario: cuantía del salario base y de cada complemento salarial, de forma diferenciada, así como la periodicidad y el método de pago. Cuando existan conceptos variables, deberán explicarse su sistema de cálculo y los criterios para percibirlos.
  • Jornada y horarios: duración y distribución de la jornada ordinaria, trabajo nocturno o a turnos y procedimientos aplicables a los cambios de horario.
  • Horas extraordinarias y vacaciones: acuerdos sobre las horas extraordinarias y su retribución, duración de las vacaciones y procedimiento para determinar los periodos de disfrute.
  • Contratos temporales: duración prevista o fecha de finalización y causa concreta que justifica la contratación temporal.
  • Convenio colectivo: identificación del convenio aplicable, incluido su código, fecha de publicación oficial, vigencia y, cuando corresponda, situación de ultraactividad.
  • Periodo de prueba: duración y condiciones, cuando se haya pactado.
  • Finalización del contrato: procedimientos de extinción, requisitos formales y plazos de preaviso que correspondan.

La regulación también contempla información relativa a la formación proporcionada por la empresa, determinados aspectos de la Seguridad Social, los planes de igualdad, los protocolos frente al acoso y otras medidas de igualdad aplicables.

Desde el 19 de noviembre, las ofertas de empleo deben indicar el salario y el convenio

Una de las principales novedades del Real Decreto-ley 39/2026 afecta directamente a las personas que buscan trabajo.

La modificación del artículo 5 de la Ley 3/2023, de Empleo, establece que las ofertas de empleo deben incluir la retribución inicial correspondiente al puesto y el convenio colectivo aplicable.

La retribución deberá establecerse mediante criterios objetivos y neutros respecto al género.

Este requisito supone un cambio importante frente a anuncios que únicamente utilizan expresiones como «salario competitivo», «remuneración a convenir» o «salario según convenio», sin proporcionar información concreta sobre la retribución inicial.

¿Es suficiente indicar «salario según convenio»?

La nueva normativa exige informar de la retribución inicial y del convenio aplicable. Por tanto, una oferta que únicamente mencione el convenio, sin identificar la remuneración inicial, difícilmente cumple por sí sola ambas exigencias.

La ley no desarrolla expresamente todas las formas posibles de presentar esta información, como indicar una cantidad única o una horquilla salarial. Por ello, conviene distinguir entre la obligación legal y las interpretaciones sobre su aplicación práctica.

En cualquier caso, el objetivo de la nueva regulación es que las personas candidatas dispongan de información salarial antes de incorporarse a un puesto de trabajo.

Las empresas no pueden preguntar cuánto cobrabas en tu anterior trabajo

La nueva normativa también introduce una prohibición expresa durante los procesos de selección.

Las empresas y los agentes públicos o privados que intervengan en procesos de intermediación o colocación no pueden solicitar a las personas candidatas información sobre su historial retributivo, tanto de empleos actuales como anteriores.

Por ejemplo, una empresa no debe preguntar a un candidato cuánto cobraba en su anterior puesto para utilizar ese dato como referencia en la negociación salarial.

Esto no impide que durante una entrevista se hable de las expectativas económicas de la persona candidata o de las condiciones salariales del puesto al que aspira.

La reforma también exige que los anuncios y las denominaciones de los puestos de trabajo sean neutros respecto al género y que la información resulte accesible para las personas con discapacidad.

Además, los procesos de selección deben respetar los principios de igualdad de trato y no discriminación, incluso cuando se utilizan procedimientos automatizados o sistemas algorítmicos.

Información sobre algoritmos y decisiones automatizadas

El Real Decreto 723/2026 incorpora obligaciones de información sobre determinados sistemas algorítmicos o automatizados que intervienen en decisiones relacionadas con las condiciones de trabajo.

La información debe incluir las pautas, los criterios y las reglas de funcionamiento de estos sistemas cuando se utilicen para adoptar decisiones relativas, entre otras cuestiones, a:

  • La duración y distribución de la jornada laboral.
  • La asignación de tareas y los turnos.
  • La determinación o modificación de las retribuciones.
  • La progresión profesional.
  • El lugar de prestación del trabajo.
  • La extinción de la relación laboral.

Esta obligación puede resultar especialmente relevante en empresas que utilizan aplicaciones informáticas para organizar horarios, distribuir tareas o evaluar el rendimiento.

No obstante, el derecho de información no supone un acceso ilimitado al código fuente de los programas ni a toda su documentación técnica.

Más derechos para conocer las diferencias salariales

El Real Decreto-ley 39/2026 también refuerza el derecho de las personas trabajadoras a recibir información retributiva.

La regulación permite solicitar información sobre la propia retribución y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, de las categorías de personas trabajadoras que realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.

La empresa dispone de un plazo máximo de dos meses para responder por escrito a las solicitudes de información contempladas en la normativa.

Este derecho no significa que cualquier trabajador pueda acceder libremente a la nómina individual de sus compañeros. La información sobre otras personas debe facilitarse respetando las garantías de confidencialidad y protección de datos.

Asimismo, se refuerzan las obligaciones de registro retributivo y los mecanismos de detección y seguimiento de posibles diferencias salariales entre mujeres y hombres.

El registro retributivo ya era obligatorio antes de esta reforma. Las nuevas disposiciones amplían y actualizan determinados requisitos, sin que ello signifique que todas estas obligaciones hayan nacido el 19 de noviembre.

Las obligaciones también se aplican a los contratos de corta duración

Otro cambio relevante afecta al ámbito de aplicación de las obligaciones de información contractual.

El Real Decreto 723/2026 establecía inicialmente un límite de duración para determinadas relaciones laborales. Sin embargo, el Real Decreto-ley 39/2026 modificó su artículo 2.2.

Desde el 19 de noviembre, las obligaciones generales de información sobre las condiciones esenciales del contrato se aplican con independencia de la duración de la relación laboral, dentro del ámbito de aplicación de la norma.

Esto resulta especialmente importante en sectores donde son frecuentes las contrataciones de pocos días o semanas.

Para las relaciones laborales de duración inferior a cuatro semanas que ya estuvieran vigentes al entrar en vigor la reforma, se establece un régimen transitorio específico.

Cuando la persona trabajadora solicite información que todavía no tenga, la empresa deberá facilitarla en un plazo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud.

¿Qué ocurre con las personas que ya están trabajando?

Las personas que tenían una relación laboral vigente cuando entró en vigor el Real Decreto 723/2026 también pueden beneficiarse de las obligaciones de información previstas en esa norma.

Con carácter general, pueden solicitar los datos sobre sus condiciones laborales que todavía no tengan en su poder.

La disposición transitoria establece un plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud para facilitar la información correspondiente.

Este plazo no implica que las empresas deban entregar automáticamente toda la documentación de nuevo a sus plantillas. Se aplica a la información solicitada que la persona trabajadora no tenga ya en su poder.

La posterior reforma introduce reglas específicas para las relaciones laborales de duración inferior a cuatro semanas que estuvieran vigentes el 19 de noviembre de 2026.

Estos derechos permiten conocer mejor las condiciones de trabajo, pero no implican automáticamente una modificación del contrato, un aumento salarial o un cambio de jornada.

¿Cuándo debe facilitarse la información contractual?

Para las nuevas relaciones laborales incluidas en el ámbito de la regulación, la información general prevista en el artículo 3 del Real Decreto 723/2026 debe facilitarse antes del inicio de la relación laboral.

Si posteriormente se modifica alguna de las condiciones sobre las que existe obligación de informar, la empresa debe comunicarlo por escrito lo antes posible y, como máximo, el día en que el cambio entre en vigor, con las excepciones legalmente previstas.

La documentación puede entregarse en papel o en formato electrónico, siempre que se cumplan los requisitos de accesibilidad, conservación y constancia de su entrega.

Posibilidad de solicitar un empleo más estable

La reforma también incorpora al Estatuto de los Trabajadores nuevas garantías para solicitar condiciones laborales más estables o previsibles.

En los supuestos legalmente contemplados, las personas trabajadoras pueden solicitar el acceso a vacantes con mejores condiciones de estabilidad, como el paso de determinadas modalidades temporales a contratos indefinidos.

La empresa debe examinar la solicitud y responder motivadamente por escrito dentro de los plazos establecidos.

Este derecho no supone que la empresa esté obligada a conceder automáticamente el cambio solicitado, sino que debe tramitar y responder la petición conforme a la normativa.

Qué cambia para los trabajadores de Mallorca

Estas modificaciones pueden tener especial relevancia en sectores con una elevada presencia de contrataciones temporales, trabajo a turnos y retribuciones variables, como la hostelería, el comercio, la restauración y la logística.

Por ejemplo, una persona que busque empleo en un hotel debería encontrar información sobre la retribución inicial y el convenio aplicable en la oferta de trabajo.

Una vez contratada, también deberá recibir información sobre su jornada, las condiciones de los turnos y los criterios utilizados para calcular los complementos variables que correspondan.

En el comercio o la restauración, la información sobre el convenio puede ayudar a identificar las condiciones salariales y laborales aplicables al puesto.

Por otra parte, quienes trabajen en empresas que utilizan sistemas automatizados para organizar turnos o distribuir tareas disponen de derechos de información sobre determinados criterios utilizados para adoptar esas decisiones.

En todos los casos, se trata de derechos que contribuyen a mejorar la transparencia laboral. La normativa no garantiza automáticamente mejores salarios o contratos indefinidos, pero facilita que las personas trabajadoras conozcan sus condiciones y puedan ejercer los derechos reconocidos legalmente.

¿Qué ocurre si una empresa incumple estas obligaciones?

El Real Decreto-ley 39/2026 también modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para reforzar las consecuencias de determinados incumplimientos.

Entre ellos figuran infracciones relacionadas con la falta de información laboral obligatoria, los registros retributivos, determinadas obligaciones de transparencia y las actuaciones discriminatorias.

La calificación de la infracción y la posible sanción dependen de la conducta concreta y de las disposiciones aplicables.

Por tanto, no debe interpretarse que cualquier anuncio incompleto implique automáticamente una multa, aunque las empresas sí deben adaptar sus procedimientos a las exigencias legales.

Consulta los textos oficiales

El Real Decreto 723/2026 entró en vigor el 5 de octubre de 2026 y desarrolla las obligaciones de información sobre las condiciones esenciales del contrato de trabajo.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 39/2026 entró en vigor el 19 de noviembre de 2026, modificando varias normas laborales e incorporando nuevas exigencias sobre transparencia salarial, contratación y derechos de información.

Las personas trabajadoras y las empresas pueden consultar directamente ambas disposiciones en el Boletín Oficial del Estado:

Fuentes: Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 723/2026 y Real Decreto-ley 39/2026. Información revisada el 22 de noviembre de 2026.